La ampliación del puerto de Veracruz dañaría irreversiblemente el Sistema Arrecifal Veracruzano

La ampliación del puerto de Veracruz dañaría irreversiblemente el Sistema Arrecifal Veracruzano

Ciudad de México, México, 9 de abril de 2018, México Ambiental.- Las obras de ampliación del puerto de Veracruz dañarían de forma irreversible al Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y se afectarían gravemente el ecosistema marino y las actividades económicas, sociales y culturales de los habitantes de este importante enclave turístico y portuario. La inversión total será de 60 mil millones de pesos. Esto fue denunciado en el documental La batalla por los arrecifes,  donde se reportan las amenazas contra los arrecifes de coral, por la ampliación del Puerto de Veracruz

 

El documental fue elaborado por Espora Producciones, con información y apoyo de AIDA, Cemda, Greenpeace México, así como por la empresa Dorado Buceo. La petición lanzada a las autoridades correspondientes es que se suspendan de inmediato las obras de ampliación del Puerto de Veracruz, se expida de forma inmediata el Programa de Manejo del PNSAV, se promueva el ordenamiento ecológico de la zona de influencia y se inscriba al Parque en el Registro Montreux.

 

El documental expone que la modificación realizada en 2012 al polígono del Área Natural Protegida (ANP) que conforma el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) se hizo exclusivamente para poder llevar a cabo las obras de ampliación del Puerto, utilizando para ello información técnica insuficiente e incompleta.

 

De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en las ANPs sólo es posible realizar las actividades permitidas según su categoría, lo cual está determinado en la legislación ambiental. En el caso del PNSAV, tratándose de un parque nacional [1], sólo se permiten actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Las actividades portuarias no son compatibles en ningún modo con lo establecido para la categoría en la que se encuentra el PNSAV.

 

La poligonal original del ANP tenía encapsulado al puerto de Veracruz lo que le impedía su crecimiento, por lo que fue modificada para desincorporar del PNSAV la mitad del arrecife de Punta Gorda y la Bahía de Vergara, lo que hizo posible la ejecución del proyecto de ampliación del puerto en la zona norte, un fenómeno que en su momento fue denunciado por científicos de instituciones académicas.

 

Entre los argumentos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en el Estudio Previo Justificativo, se mencionaba que tanto ese arrecife como la Bahía de Vergara se encuentran inmersos en un proceso de deterioro sin retorno y por lo cual deben de ser excluidos de la protección legal. Llama la atención, por tanto, que recientemente se haya informado por parte de la Administración Portuaria de Veracruz (APIVER) que se llevó a cabo un trasplante de alrededor de 40 mil colonias de coral justamente de la zona que había sido desincorporada por supuestamente encontrarse en un estado de evidente deterioro.

 

El traslado de las colonias de coral resultará inútil, toda vez que éstas fueron trasplantadas a una zona cercana a la playa de Chalchihuecan, municipio de La Antigua, la cual se encuentra también fuera del área de protección. Dado que no existe ningún esquema de manejo ni protección legal, estarán igualmente vulnerables pero en otro lugar, por lo que no existe ninguna garantía de que sobrevivirán.

 

Ximena Ramos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda), explicó que para buscar la autorización de las obras de ampliación del Puerto, la APIVER presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fragmentada, lo cual impide evaluar el proyecto de forma integral y considerar todos los impactos acumulativos. Además, en la MIA omitió usar la mejor información científica posible, tan es así que no se manifestó la existencia del arrecife no emergido llamado La Loma, el cual se ubica muy cerca de lo que será la nueva entrada al Puerto.

 

Por eso en octubre de 2015 se interpuso una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por no garantizar el derecho al medio ambiente sano, utilizando para ello el estándar más alto de protección en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. “A pesar de haber presentado argumentos jurídicos y técnicos, la autoridad autorizó un proyecto que afecta el interés social de la población, puesto que conlleva impactos ambientales graves en contra de un ecosistema fundamental para garantizar no sólo la preservación de las actividades económicas, las tradiciones culturales y la calidad de vida, sino la sobrevivencia de los habitantes de Veracruz, toda vez que el arrecife es el que hace posible la vida en el Puerto”, señaló la abogada de Cemda.

 

En enero del 2018, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentó argumentos de derecho internacional en un escrito de amicus curiae donde se expone el interés público de la población en proteger al sitio Ramsar y la biodiversidad con el fin de lograr la protección del derecho al ambiente sano. “Es necesario que se re-evalúe el procedimiento y se realice una evaluación de impacto estratégica por la alta biodiversidad y servicios ambientales que brinda a la población el sistema arrecifal veracruzano”, comentó el abogado Camilo Thompson, del Programa Marino de AIDA.

 

Miguel Rivas, Campañista de Océanos de Greenpeace México, apuntó que la situación actual del PNSAV demuestra que los decretos de Áreas Naturales Protegidas no son una garantía de conservación y resguardo de los servicios ecosistémicos que brindan estas áreas de interés. “El hecho de que  la extensión de zonas marinas y costeras que México protege en el papel rebase compromisos internacionales como la meta 11 de Aichi no significa que en la práctica se estén cumpliendo, pues estas áreas se vulneran al antojo de la autoridad y algunas ni siquiera cuentan con los programas de manejo que permitan la regulación de actividades y condiciones de conservación”, expresó.