Agustín del Castillo
“[…] Nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve. En nuestra oscuridad —en toda esa inmensidad—, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Dependemos solo de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad, y yo añadiría que también forja el carácter. En mi opinión, no hay mejor demostración de la locura que es la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, recalca la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y compasión, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que jamás hemos conocido”. Carl Sagan, Un punto azul pálido. Una visión del futuro humano en el Espacio
Guadalajara, Jalisco, México, 26 de mayo de 2020, El Respetable.- En la justamente famosa Interstellar, de Cristopher Nolan (2014), se plantea un escenario gradual de apocalipsis producido por la desmesura humana en la Tierra: un polvo tóxico invade poco a poco todos los rincones del planeta, y amenaza con extinguir la vida humana en pocos años. La película es el relato desesperado de la búsqueda de un planeta habitable hacia donde puedan emigrar colonos, ante la derrota de la ciencia y la técnica en recuperar una biosfera aceleradamente degradada.
Es decir, el conocimiento puede ser salvación, pero no hace milagros: un tratamiento médico quizás te cure del cáncer si la intervención es a tiempo. El filme de Nolan retrata la preocupación sobre las consecuencias del modo en que nuestra huella sobre el planeta se ha hecho tan descomunal como si fuera una fuerza geológica. Antropoceno, le han llamado algunos biólogos y ecólogos. Más allá de la polémica sobre el concepto, es irrebatible el modo descomunal en que hemos modificado el mundo en que vivimos. Y esa épica de conquista con que se vio hasta los años setenta del siglo XX, la ocupación de territorios silvestres y la creación de avanzadas tecnologías para movernos, para iluminarnos y para operar máquinas, es ahora la épica del desastre. El caso del COVID 19 es el ejemplo más reciente: la destrucción de ecosistemas rompe cadenas tróficas y expone a las comunidades humanas cada vez más populosas a enfermedades desconocidas. La globalización permite la rápida difusión. No hay pretexto, no debemos cometer los mismos errores de siempre.
Pero el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, insiste en tomar una ruta distinta a la que marcan los datos, los acuerdos, y en general, el conocimiento generado durante años por los despreciables “tecnócratas” de las agencias gubernamentales, en relación con el tema. Sin reparar que el cambio climático es el mayor problema político, social y económico que enfrenta la humanidad de nuestro tiempo, y que no bastará, esta vez, con solamente negarlo. Sorprende por eso la “contrarreforma” para afectar las inversiones verdes en el tema de generación energética, mientras trata desesperadamente de regresarle a la Comisión Federal de Electricidad su antiguo monopolio. Pero si consideramos su apuesta por el petróleo y las ingentes cantidades de recursos invertidos en Pemex, una de las empresas peor calificadas del mundo, no es nada extraño. También ha reducido a niveles testimoniales los presupuestos de entidades ambientales tan importantes como la Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua (en el tema del saneamiento de aguas o de gestión integral del agua). Visto así, la contrarreforma es, más bien, lógica. En su lógica, claro.
Hay que subrayar: el conocimiento del reto que tenemos como país ha costado al erario. Pero ha sido un trabajo largo y serio que la ha merecido al país un reconocimiento internacional, por la solidez de los datos y de las metodologías. Y luego, lo que más le debe preocupar al presidente: esa información científica ha sido la base de los compromisos de México en el tema, en especial el Acuerdo de París y diversos protocolos de acción climática, que son obligatorios al haber sido ratificados por el Senado de la república. Tienen, por ende, un rango equivalente a la constitución, como constatará todo el que lea atentamente el artículo 1 de nuestra carta magna.
Lo interesante de los compromisos en la materia para México, es que no se trata de cumplir fundamentalmente al financiar un costo por la mitigación y adaptación del cambio climático que es realmente asequible, sino que mucho más: una inversión. Si se siguen las recomendaciones publicadas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en 2018, se establecen las bases de una economía descarbonizada, pero, además, de un desarrollo más sostenible en el tiempo, es decir, donde se mitiga la pobreza y se conservan los servicios que la naturaleza la provee al hombre.
En el documento “Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030” (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39248/2015_indc_esp.pdf ), se enumeran las tareas que las autoridades nacionales coordinarán para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París. En resumen, al año 2030, el país deberá generar 22 por ciento menos gases de efecto invernadero en comparación a los generados en 2015. Esto significa reducir alrededor de 210 gigatoneladas de emisiones (mitigación) y avanzar fuertemente en adaptación de las comunidades humanas.
El documento señala las siguientes acciones de mitigación divididas por sectores económicos:
La energía limpia incluye fuentes renovables, la cogeneración eficiente con gas natural y termoeléctricas con captura de CO2; sustituir en la industria nacional los combustibles pesados por gas natural, energías limpias y biomasa; reducir en 25 por ciento las fugas, venteo y quemas controladas de metano; y controlar las partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industriales”.
Para el sector del transporte: “homologar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la normatividad ambiental para vehículos, tanto nuevos como en circulación, así como en vehículos no carreteros: locomotoras, barcos y maquinaria móvil agrícola y de construcción; abastecer de gasolinas y diésel de ultra bajo azufre; incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustibles limpios; modernizar el parque vehicular y reducir la importación de automóviles usados; e impulsar el transporte multimodal de carga y pasajeros”.
En el sector urbano: “impulsar la construcción de edificaciones y la transformación hacia ciudades sustentables, con eficiencia energética y bajo carbono; promover el uso doméstico de calentadores y celdas solares; y recuperar y usar el metano en los rellenos sanitarios municipales y las plantas de tratamiento de aguas residuales”.
En los sectores forestal y agropecuario: “alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestación, mejorar el manejo forestal, impulsar la tecnificación sustentable del campo, promover biodigestores en granjas agropecuarias, y recuperar pastizales”.
En cuanto a adaptación, “la prioridad de estas acciones es proteger a la población de los efectos del cambio climático, como son los fenómenos hidrometeorológicos extremos y, de manera paralela, aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica del país y de los ecosistemas que albergan nuestra biodiversidad y nos proveen de importantes servicios ambientales”.
En este sentido, “las metas más destacadas no condicionadas: fortalecer la resiliencia en 50 por ciento de los municipios más vulnerables del territorio nacional, establecer sistemas de prevención y alerta temprana y gestión de riesgo en todos los órdenes de gobierno, así como alcanzar una tasa cero de deforestación en 2030 (se repite: es mitigación y adaptación). Otras acciones consideradas son: impulsar la adquisición, adecuación e innovación tecnológica de apoyo a la adaptación en aspectos como la protección de infraestructura, agua, transporte y recuperación de suelos”.
La resiliencia urbana incluye incorporar el enfoque climático, de género y derechos humanos en todos los instrumentos de planeación territorial y gestión del riesgo; incrementar dinero para prevención y atención de desastres; establecer regulación del uso de suelo en zonas de riesgo; gestión integral de cuencas para garantizar el acceso al agua; asegurar la capacitación y participación social en la política de adaptación.
La “adaptación basada en ecosistemas”, la tasa cero de deforestación en 2030, incluye reforestar las cuencas altas, medias y bajas considerando sus especies nativas; incrementar la conectividad ecológica y la captura de carbono mediante la conservación y restauración; aumentar la captura de carbono y la protección de costas mediante la conservación de ecosistemas costeros; sinergias en acciones de REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques, con componente social; es una estrategia propuesta por México en la conferencia de partes de Cancún en 2011, y aprobada por la comunidad internacional); gestión integral del agua en diferentes usos.
Para la infraestructura, garantizar y monitorear tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales en asentamientos de más de medio millón de habitantes; garantizar la seguridad de la infraestructura; incorporar criterios de cambio climático en programas agrícolas y pecuarios; aplicar normas a desarrollos inmobiliarios y turísticos costeros, e incorporar criterios de adaptación en proyectos de inversión pública.
Realmente, esta treintena de acciones apenas han sido consideradas por la nueva administración federal, más allá de lo retórico, bajo el pretexto de la austeridad. ¿Será que son muy costosas? El INECC hizo el ejercicio hace dos años. Lo que cuesta habilitar estas acciones y estrategias a lo largo de doce años (ahora son solamente diez años) es cercano a 126 mil millones de dólares. Esto es, alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto anual de 2018. Anualizado a diez años, serían 12,600 millones de dólares por año, un punto porcentual del PIB y 5 puntos del gasto federal total anualizado. ¿De verdad es tan difícil de financiar?
No, pero esto implica comprender y asumir que no invertir en cambio climático podrá generar costos económicos desastrosos dentro de un par de décadas. Se requiere una visión de Estado, y, además, tener la lucidez de reconocer que en la medida que se hagan esas inversiones, mejorarán efectivamente las posibilidades de millones de mexicanos en temas tan diversos como salud, calidad ambiental, empleo, acceso a agua y a servicios. Y lamentablemente, parece que esta administración ni tiene visión de Estado ni voltea al futuro.
El referido documento del INECC, “Costos de las contribuciones nacionalmente determinadas de México”, que pone pesos y centavos a esos compromisos, señala de forma contundente:
“El costo agregado de las treinta medidas sectoriales asciende a poco más de 126 mil millones de dólares de 2017, devengados a lo largo del periodo 2014-2030. De ejecutarse exitosamente esta inversión, se lograría una mitigación de 1,520 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente”.
En contraste, “un escenario de inacción ante el cambio climático durante el mismo periodo […] el crecimiento económico, sustentado en los mismos patrones de consumo de energía y de degradación del capital natural del país, requeriría del orden de 143 mil millones de dólares. En consecuencia, una primera gran conclusión del análisis de costos de las treinta medidas indicativas, permite afirmar que la ruta de mitigación representaría para México un costo neto o ahorro de más de 17 mil millones de dólares”.
Añade: “puede afirmarse igualmente que, al cumplir con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), la economía nacional se inscribiría en una senda relativamente estable hacia la descarbonización, ya que México habría reducido en aproximadamente 37 por ciento la intensidad carbónica de su Producto Interno Bruto y en 23 por ciento las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) per-cápita durante el periodo 2014-2030. Cabe tomar en cuenta que el análisis de las CND soslayó esfuerzos o medidas de mitigación de emisiones de GEI que ya se realizan en el territorio nacional y que, seguramente, abonarán a la consecución de las metas de mitigación. Asimismo, es de esperar que en un futuro cercano surjan nuevas propuestas de rutas tecnológicas alternativas por parte de los sectores público y privado”.
Ya estamos en 2020 y se comienza a hacer tarde. Olvídese usted de que no cumplamos lo que por ley y por diplomacia estamos obligados ante el mundo. Las consecuencias las padecerán, sobre todo, los mexicanos más pobres. Esos que el presidente López Obrador asegura que son el motivo central de su preocupación y su gestión gubernamental.
