Ciudad de México, México, 6 de mayo de 2020, México Ambiental.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal total la operación de una empresa minera dedicada al beneficio de minerales metálicos (plomo y zinc, por flotación), ubicada en la comunidad San José de Los Manzanos, en el municipio de Canelas, Durango, por el derrame de más de 5 mil 780 metros cúbicos jales contaminantes. Aunque la procuraduría omitió en su comunicado el nombre de la empresa contaminante, se identificó a IMIRSA, como la minera responsable de esta contaminación que, además, ya investiga la Conagua.
El 1 de mayo la minera informo que a las 5:20 h. ocurrió un derrame de 5 mil litros de jales en sus instalaciones, conteniendo sustancias químicas, sin embargo, con base en una visita de inspección que se ordenó, personal de la Profepa ha estimado que el derrame fue de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales líquidos. El derrame se habría producido, al saturarse de agua la presa, debido a las intensas lluvias de los últimos días en la zona.
La planta minera IMIRSA en Canelas, habría derramado casi 6 millones de litros de jales líquido, que es un material residual de los procesos de aprovechamiento de roca para la producción de plomo y zinc. Por este importante derrame de material contaminante, también la Comisión Nacional del Agua investiga el escurrimiento de los jales en el arroyo El Gallo, que es desemboca en el río Humaya, que alimenta la presa López Mateos, en el vecino estado de Sinaloa.
El Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, dio a conocer que ya trabajan en coordinación con las autoridades municipales y estatales, y representaciones de las delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para atender este derrame de la empresa IMIRSA, y ubicar a sancionar a los responsables.
Una de las primeras acciones, fue el desplazamiento de personal del Organismo de Cuenca Pacífico Norte y de la Conagua en Durango, además de inspectores de la Profepa, para verificar en el sitio, si la empresa cuenta con los permisos oficiales para operar una presa de jales, y para determinar el daño ambiental, y evaluar y poner en marcha las acciones preventivas para que la contaminación del agua, no afecte a los habitantes de municipios vecinos.
Se trata de una planta de explotación de plomo y zinc por flotación. En días previos se registraron fuertes lluvias en la zona, lo que podría haber provocado un derrame estimado inicialmente entre 3 mil y 5 mil litros.
Inspectores de la Profepa en la entidad, han actuado en el sitio del derrame y han recorrido las zonas afectadas, para recabar elementos del daño ambiental, lo ha motivado que impongan como medida de urgente aplicación, la clausura total temporal de la operación de la empresa.
Durante la visita, se ubicó una presa de jales con una superficie de aproximadamente 5 mil m2 y una profundidad de 34 metros, la cual sufrió una ruptura por llegar al límite de su capacidad.
Durante el recorrido por las zonas afectadas por el derrame de jales, se identificó la afectación de caminos vecinales “antiguo camino a Topia” y 8 mil metros cuadrados de superficie al interior de un predio particular denominado “Lagunita de Coroneles” en el que existe presencia de especies de pino y encino.
También se observó que a mil metros aguas abajo de la presa, había jal impregnado sobre el cauce del arroyo San Bernabé y en una longitud de 2 km sobre su margen del mismo. La contaminación se extendió hasta la localidad de San Bernabé.
Además de imponer como medida de urgente aplicación la clausura total temporal de la operación de la mina, la Profepa impuso como medidas a la empresa, la contención del derrame proveniente de la ruptura de la presa, y la limpieza de los jales en las zonas afectadas.
La representación de la PROFEPA en Durango presentó la denuncia penal ante la agencia del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de Durango, contra quien resulte responsable por la comisión de delitos contra el ambiente. Esto en ejercicio de su función de vigilar que se respete el derecho humano a un ambiente sano, previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.